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Rosa Gómez, la propietaria de la empresa de colectivos, amenazó con quitar el servicio si continuaban las manifestaciones (según ella ilegales), pero desde la cartera de Transporte advirtieron que podrían hacer cesar el contrato con la empresa.

En efecto, Edgar Devia, el jefe del Programa Transporte aseguró que la dueña puede suspender el servicio pero que peligra la concesión de ese corredor.

“Ella tiene un contrato con el Gobierno”, dijo Devia y aseguró que la versión que relata la empresaria no es del todo acertada porque no se agredieron a los choferes. Hubo una interrupción del servicio que duró una hora y media. La protesta fue pacífica y les pedimos a las dos empresas que se desviaran unas cuadras. Gómez no accedió a la petición y quería suspender el servicio. La policía no intervino porque era una protesta de 60 vecinos”, comentó.

El programa está revisando la situación de cada empresa. En este análisis se pidió documentación de cada concesionaria y «el Grupo MR es una de las que presentaron los papeles a medias», indicó y agregó que el período de concesión es hasta el 2021, pero «si no cumplen ciertas condiciones se les puede sacar antes».

Gómez amenazó por su parte que va a dejar de prestar el servicio si los vecinos La Punta dicen que no necesitan los colectivos. Denunció que en la manifestación del sábado insultaron y empujaron a uno de los inspectores de la empresa que anotaban los autos que hacen los viajes solidarios, a los cuales consideró ilegales. Además, indicó que sin subsidios el viaje debería costar 75 pesos, 30 más de lo que hoy se cobra.

«Lo que hicieron fue un secuestro de las unidades y una maniobra ilegal. Al primer vidrio que tenga roto, levanto el servicio. Lo voy a hacer porque no voy a arriesgar la vida de nadie», aseguró Gómez.

Fuente: EDDLR

 

 
 
 
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